La bancada de diputados oficialistas aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, ignorando así, la resolución del Parlamento Europeo, que advirtió que la publicación de la ley traería consecuencias.

Aunque la aprobación de la misma era inminente por el control que ejerce el oficialismo dentro de la Asamblea Nacional, el rechazo ha sido mayoritario.

Liderazgos emergentes, políticos opositores y defensores de derechos humanos han enviado su mensaje de rechazo a la nueva ley de Daniel Ortega, con la que da paso a espiar y perseguir a quienes considere opositores.

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Ivania Alvarez, originaria de Tipitapa y uno de los liderazgos emergentes en la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), rechaza el proyecto porque criminaliza el apoyo financiero que reciben organizaciones que documentan las violaciones a derechos humanos.

Por su parte el defensor de derechos humanos, Gonzálo Carrión, exiliado en Costa Rica, afirma que la aprobación de esta ley sólo confirma que en Nicaragua se instaura un sistema totalitario.

Alexa Zamora en cambio, que pertenece a los rostros nuevos que pretenden hacer política en Nicaragua, señala que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, es otra muestra que en Nicaragua existe una alteración al orden constitucional.

Desde la perspectiva de partidos políticos, Hugo Torres del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) considera que si en Nicaragua se respetara el estado de derecho, hasta el ejército de Nicaragua resultara afectado con la también conocida “Ley Putin”.

Para diversos analistas, antes de su aprobación, el anteproyecto de ley había sido ajustado o “suavizado” por los diputados oficialistas. Al contrario, la diputada opositora Azucena Castillo, no lo considera de tal forma, solo cree que los argumentos fueron ordenados, pero la ley es la misma, “violatoria de derechos humanos”.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó su preocupación y condena ante la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros con la que el régimen Ortega Murillo ejercerá control totalitario sobre la ciudadanía en general. 

El organismo señala al régimen de Daniel Ortega de irrespetar la voluntad del pueblo de Nicaragua y demostrar  su profundo irrespeto a la voluntad del pueblo y vulnerar la Constitución Política de Nicaragua y los principios y pactos internacionales de derechos humanos.