Tras la emisión de un reparo ilegal de millones de córdobas en contra de las propietarias de la empresa inmobiliaria Intermezzo del Bosque, una Jueza de ejecución de embargo invadió una vivienda y varios lotes de esa urbanizadora. denunció Victoria Cárdenas.

Lo que consideran un asalto, enmascarado de embargo, se llevó a cabo este lunes con la presencia de un destacamento policial , del asesor legal de la Alcaldía de Managua, Carlos Lazo y la jueza Evelin Jiménez.

“Quiero denunciar que el día hoy, la Alcaldía de Managua presentó una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Intermezzo por más de nueve millones de córdobas.  Hoy por la tarde una Jueza procedió a requerir de pago a la sociedad y trabó siete embargos sobre diferentes propiedades” dijo Victoria Cárdenas Lacayo, esposa de Juan Sebastián Chamorro, a través de una comunicación digital.

Además, detalló que entre las propiedades invadidas se encuentra la casa de su madre Victoria Lacayo, el pozo de la urbanizadora y cinco lotes más.

La demanda, aseguró Cárdenas, se origina en un reparo también ilegal de la Alcaldía por las ventas de lotes que se hicieron hace 23 años y que argumentan fueron vendidos entre el 2017 y el 2019, para justificar la acción.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, escribió en su red social twitter “Jueza sandinista embarga casa de mi suegra, pozo de agua y cinco lotes de Intermezzo del Bosque. Aunque aquí no hay estado de derecho, nos defenderemos por tener la verdad de nuestro lado. ¡Se van!” advirtió en su cuenta.

La notificación del reparo se denunció semanas atrás, y en un tiempo de gestión récord la Alcaldía de Managua, a través del sistema judicial, se habría hecho de casi 300 mil dólares en bienes inmuebles, aunque el monto del embargo es de 274 mil, un equivalente de 9.5 millones de córdobas.

“Reitero que este es un acto de acoso y terrorismo fiscal que busca despojarnos de los bienes de mi familia” dijo Victoria Cárdenas Lacayo, quien tiene solo tres días para apelar el embargo, ante instancias, también controladas por el gobierno sandinistas.  

El embargo como remedio al reparo fiscal que las afectadas aducen es ilegal, es una muestra del riesgo que enfrenta la propiedad privada y la inversión en Nicaragua.