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Estados Unidos impone restricción de visas a 93 funcionarios nicaragüenses

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Este lunes 13 de junio, Estados Unidos anunció que impondrá restricción de visas a 93 personas consideradas de socavar la democracia de Nicaragua, según Antony J. Blinken, secretario de Estado de EE.UU.

Blinken alegó que Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen Ortega-Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil.

“El Departamento de Estado está tomando medidas adicionales para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que socavaron la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior”, mencionó el secretario Blinken en un comunicado.

También aseguró que los funcionarios del Ministerio de Interior y los diputados nicaragüenses sancionados «han impulsado «leyes represivas» contra organizaciones de la sociedad civil y una docena de universidades.

Además, afirmó que «los jueces y fiscales alineados con el régimen son cómplices de los esfuerzos del régimen de Ortega y Murillo para socavar la democracia», y citó las condenas contra líderes de la oposición y defensores de derechos humanos.

El secretario de Estado recordó que el régimen de Daniel Ortega tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar.

“Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento. Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas”, añadió.

El comunicado del alto funcionario de EE.UU. agrega que los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal.

El comunicado finaliza haciendo el llamado a la liberación inmediata e incondicional de los injustamente detenidos y al restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.

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