Unas 10 personas han sido acusadas con la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua, algunos por publicar en las redes sociales mensajes críticos al gobierno de Daniel Ortega.
El activista nicaragüense Yoel Ibarra fue detenido el 5 de noviembre, a solo dos días de la celebración de las elecciones donde Daniel Ortega se impuso en un nuevo mandato.
Sus últimas publicaciones en las redes sociales antes de su detención fueron demandas para la celebración de elecciones libres y transparentes en Nicaragua y los perfiles de los seis candidatos opositores arrestados durante el proceso electoral.
La página de Facebook Mentes Libres, fundada por Ibarra, describía a los los candidatos opositores detenidos por el gobierno de Ortega, pero de un momento a otro, Ibarra corría la misma suerte que los candidatos: la cárcel.
Días después también fue detenida la joven opositora Samantha Jirón, quien igual que Ibarra desarrollaba activismo digital.
“Libertad para Yoel Ibarra. Fue secuestrado al salir del gimnasio”, decían las publicaciones en las redes sociales de Mentes Libres, que quedaron en manos de sus colegas activistas.
Tanto Ibarra como Jirón son dos de al menos 10 opositores que han sido acusados con la Ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia en Nicaragua el 30 de diciembre de 2020.
Dicha legislación ha sido descrita por activistas de derechos humanos y periodistas como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque pretende frenar las críticas a Ortega en las redes sociales, así como las publicaciones de la prensa.
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