El régimen de Daniel Ortega autorizó el viernes pasado el ingreso de 100 nicaragüenses de un total de 849 que permanecen varados en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Prolongar el ingreso del grupo restante para verificar su posición política obedece a una estrategia de represión, considera la defensora de derechos humanos Vilma Núñez.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) el gobierno de Daniel Ortega tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de sus connacionales.

Según Vilma Núñez la forma de repatriar a este grupo de nicaragüenses era mediante la oficina consular en Panamá, donde se pudo gestionar un viaje de inmediato a Nicaragua, sin la necesidad de llevar a hombres, mujeres y niños a estar en albergues y exponerlos a contagios de coronavirus, dijo al programa Aquí Estamos de Radio Darío.

Entrevista a Vilma Núñez en el programa Aquí Estamos de Radio Darío

El gobierno de Nicaragua solo autorizó el ingreso las primeras 100 personas solicitando el pasaporte de las mismas. Esto es una estrategia de represión, según la defensora de derechos humanos, porque algunos que regresan estaban en Panamá exiliados por la persecución del gobierno desde 2018.

La presidenta del Cenidh no duda que haya persecución política hacia los migrantes nicaragüenses que sean identificaos como opositores, porque la segregación de grupos de 100 personas es para que el régimen aplica sus filtros de vigilancia.

Vilma Núñez Portada
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh. Foto || La Prensa

El caso de los migrantes nicaragüenses varados en la frontera entre Costa Rica y Panamá generó un interés mediático en toda la región, pero no es el único. La pandemia ha destruido sus empleos y se han visto obligados a regresar con sus familias. Desde el inicio de la pandemia, primero un grupo de nicas quedó varados en Puerto La Unión, El Salvador, muchos entraron por puntos ciegos ante la negativa del gobierno.

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Estas medidas que impone el gobierno violentan el artículo 31 de la Constitución Política que señala “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.

Al respecto Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Oacnudh) ha sido enfática en que no se puede limitar la entrada a un país de un nacional bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en situación de pandemia.

Por Francisco Torrez Tapia.