ONU aprueba resolución que creará un mecanismo de investigación a las violaciones de derechos humanos desde el 2018 en Nicaragua

Con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establecerá un mecanismo de personas expertas, internacionales e independientes, con el mandato de pedir “rendición de cuentas” al gobierno de Daniel Ortega.

El consejo solicita al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua que presente un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52º período de sesiones, durante un diálogo interactivo
“Solicita que el mandato se haga efectivo inmediatamente y pide al Secretario General que proporcione al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua todo el apoyo administrativo, técnico y logístico y los recursos necesarios para que pueda cumplir
su mandato”, agregan.

Este mecanismo de rendición de cuentas, que estaría compuesto de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, durará un año a partir de su creación. Los expertos tendrían la responsabilidad de investigar exhaustivamente de forma independiente, con enfoque de género e interseccional, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del año 2018, así como sus causas estructurales.

Entre las acciones que realizará el grupo que conformará este mecanismo, está el recopilar, preservar y analizar la información y potenciales evidencias y vuando sea posible identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas actuales.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por el empeoramiento de la tendencia de los desplazamientos forzados después del proceso electoral de 2021, encomiando a los Estados vecinos y otros Estados de la región por sus continuos esfuerzos por recibir y acoger a los
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, y reconociendo las consecuencias socioeconómicas y las dificultades que ello tiene para esos Estados y sus ciudadanos.

Así mismo, brindar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas y garantizar que los tratos o penas inhumanas o degradantes tengan un enfoque centrado en las víctimas.

A la vez condenó la continuación de las detenciones arbitrarias y las nuevas detenciones
arbitrarias, incluso en el contexto del proceso electoral de 2021, de, entre otros, precandidatos
presidenciales y dirigentes políticos de la oposición, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y expresando gran preocupación por su integridad, el trato que reciben y sus condiciones de detención.

En el documento de la resolución expresaron además  gran alarma por la muerte en Nicaragua, el 12 de febrero de 2022, de Hugo Torres Jiménez, un preso político recluido en condiciones atroces desde que fue detenido en junio de 2021.