Félix Maradiaga, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigíl y Violeta Granera son algunos integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que han sido encarcelados, y según diligencias policiales, son investigados por los delitos de traición a la patria, bajo la Ley 1055.
Hasta ahora sus familiares no han logrado comunicarse con ellos, a más de un mes de su detención, como indica Roger Reyes del consejo político de UNAB, quienes han denunciado lo que consideran detenciones arbitrarias y exigen la libertad de los detenidos.
“De los últimos secuestrados solo dos han tenido comunicación con sus familiares, al resto no se le ha permitido la comunicación, ni se le permite llevar alimentos o agua, ni medicina, es por eso que les llamamos secuestrados, la Policía de Ortega en sus comunicados dicen que están en Auxilio Judicial, pero como podemos demostrarlo si no se han podido comunicar con sus abogados o familiares”. Indicó Reyes.
La unidad Nacional Azul y Blanco, considera como un importante logro, los recientes pronunciamientos internacionales y sanciones hacia allegados al gobierno de Ortega, un método de presión de la comunidad internacional para que el régimen, libere a las presas y presos por razones políticas.
“El discurso de Ortega de que está procesando presos comunes ya no es creíble, y lo vemos con México, donde antes mantenía una distancia y vemos un último comunicado donde reconocen a los presos políticos igual que Argentina. Por estos resultados es que continuamos trabajando, denunciando la situación de las y los presos políticos”. Expresó.
Organismo de derechos humanos en Nicaragua reportan la detención de más de 130 presas y presos políticos desde la rebelión de abril del 2018.
Lista que ha aumentado con las recientes detenciones, que ahora incluye no solo a pre candidatos a la presidencia, sino a líderes de organizaciones estudiantiles, campesinos y mujeres.
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