La red regional Voces del Sur en su informe sobre violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de mayo mostró su preocupación a censura debido a “la jornada represiva que implementa el Gobierno sandinista en contra de la prensa no oficialista, también afectó a un medio de la Iglesia Católica”, señaló.

Voces del Sur indicó que el pasado 20 de mayo, el Gobierno de Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó a las empresas de servicio de cable sacar de su programación al Canal Católico, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

“Días posteriores al cierre del Canal Católico, la señal reapareció bajo el nombre de Nicarao TV, donde se transmite propaganda gubernamental”, agregó.

Además de estos cierres ordenados, Voces del Sur conoció que Radio Católica de Bluefields (Caribe sur) y Canal 17 de Chontales (centro) cerraron operaciones por razones económicas.

Cabe señalar que según el informe de mayo 2022 de dicha red, hubo un total de 73 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, 65 fueron perpetrados en contra de medios de comunicación y 8 contra personas naturales.

En específico la red Voces del Sur señaló preocupación por las amenazas que recibió el periodista Noel Miranda de parte del comisionado Luis Barrante, mientras daba cobertura al hostigamiento policial en la parroquia san Juan Bautista en Masaya.

“Para Voces del Sur es altamente preocupante el caso del periodista Noel Miranda colaborador del medio digital Artículo 66; el cual fue víctima de amenazas y actos intimidatorios en 3 oportunidades; igual número de agresiones se documentaron en el informe del mes de abril del 2022”, indicó el informe de mayo.

Voces del sur recordó que en mayo de 2022 se cumplió un año de la embestida judicial contra la práctica periodística que enjuició a Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios por el supuesto delito de lavado de dinero y desencadenó el exilio de al menos 58 periodistas nicaragüenses ante la campaña de intimidación basada en la aplicación de la Ley de Ciberdelitos y Agentes Extranjeros.