Cancilleres de América votarán resolución sobre ataques a la Iglesia Católica y migración de nicaragüenses

La Asamblea General de cancilleres de la OEA votará el viernes 7 de octubre una nueva resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el texto, los Estados han incluido, como nuevos temas, la represión contra la Iglesia católica y la salida de miles de nicaragüenses, que huyen del acoso de la dictadura y de las pésimas condiciones económicas del país.

Los cancilleres de la OEA se reunirán en Lima, Perú, desde este miércoles hasta el viernes. Las delegaciones Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, y los Estados Unidos, presentaron una propuesta de resolución titulada: “La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, en la que retoman algunos temas de declaraciones anteriores e incluyen dos nuevos: represión contra la Iglesia Católica y la migración de nicaragüenses.

En el borrador de resolución, los cancilleres se muestran “profundamente preocupados” por la “detención arbitraria” del obispo Rolando José Álvarez y otros ocho sacerdotes, así como “por la sistemática persecución, criminalización, hostigamiento, persecución policial y actos de represión que ha perpetrado el Gobierno de Nicaragua contra miembros de la Iglesia católica romana, incluyendo y la expulsión arbitraria de congregaciones religiosas”.

Sobre la ola migratoria de nicaragüenses, la resolución señala que están “consciente de que el empeoramiento de las condiciones económicas y políticas ha empujado a unos 250 000 nicaragüenses a huir del país desde 2018”.

Los ataques contra líderes católicos ya fueron incluidos en la última resolución del Consejo Permanente de la OEA, aprobada el pasado 12 de agosto. En el documento se condenó “enérgicamente” el cierre forzoso de oenegés y el hostigamiento contra la Iglesia católica, y demandó la liberación de los presos políticos.

Desde mediados de 2018 hasta la fecha, la OEA ha aprobado 14 resoluciones sobre la situación en Nicaragua. Las votaciones se han dado en las dos principales instancias del organismo regional: la Asamblea General de cancilleres (cuatro) y el Consejo Permanente (diez).

La primera resolución de una Asamblea General se aprobó el 5 de junio de 2018 y es la única que no requirió votación, ya que se presentó por “consenso”. En ella se condenó la violencia en general, pero no hubo una referencia directa hacia la responsabilidad de la Policía Nacional por el asesinato del centenar de ciudadanos que se contabilizaba hasta ese momento.

En las otras tres resoluciones, la máxima instancia de la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la entrada a Nicaragua de organismos de derechos humanos, así como la formación de una misión de alto nivel para dialogar con el régimen.

En la última Asamblea General, en noviembre pasado, 25 países declararon “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.

Opositores demandan beligerancia

Por su parte, un grupo de organizaciones opositoras que se encuentran en el exilio instaron a retomar la resolución de la OEA del pasado 12 de noviembre del 2021, en la que los Estados miembros declararon que las elecciones del 7 de noviembre del mismo año realizadas en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, para declarar ilegítima a la administración de Ortega.

“Ya no son suficientes resoluciones o declaraciones de intenciones”, indican los opositores y para ello, invitan a los cancilleres a tomar nota de que “las graves violaciones de los derechos humanos continúan, incluyendo el apresamiento ilegal de más de doscientas personas que viven condiciones inhumanas y de tortura en las cárceles del régimen”.

Los opositores solicitan “conminar a los organismos financieros internacionales a que condicionen todo financiamiento a Nicaragua al respeto de los derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo”.

De igual manera, proponen crear “un mecanismo de seguimiento para atender el desplazamiento forzoso que afecta a cerca del diez por ciento de la población nicaragüense que huye de la represión y la ruina económica” y que se “establezcan un mecanismo especial de alto nivel sobre Nicaragua que dé seguimiento permanente al cumplimiento de las resoluciones de la OEA” y “considerar la aplicación del Arto. 19 y/o 21 de la Carta Democrática”.