Amenazan a opositores con reglamento para elecciones municipales

El Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por Daniel Ortega, publicó el Reglamento de Ética Electoral que se llevará a cabo durante las elecciones municipales el próximo domingo seis de noviembre. El reglamento menciona algunas actividades que serán consideradas como “traición a la patria”.

“Los y las nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los instrumentos supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán traidores de la patria”, resalta el documento en el artículo 6, lo cual bajo la narrativa del régimen, significa una amenaza para los opositores.

El argumento de ser “traidores de la patria” es el mismo que ha usado el régimen de Daniel Ortega para encarcelar a varios líderes opositores y precandidatos presidenciales.

El reglamento establece que quien sea considerado un traidor a la patria “no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua”, y cita el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley Guillotina”.

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Esta ley entró en vigencia en diciembre de 2020 y algunos analistas advierten que fue creada para inhibir de optar a cargos públicos a todos los nicaragüenses que el régimen de Ortega señale de dirigir o financiar un golpe de Estado, o de solicitar sanciones en contra de funcionarios de la dictadura.

El organismo Urnas Abiertas considera que este reglamento, y sobre todo las amenazas contra opositores, “no garantiza la legitimidad y la transparencia de los próximos comicios electorales”, ya que el CSE actúa como un brazo más de la dictadura de Ortega.

Además, el organismo detalla que incluir dentro del reglamento la Ley 1055 demuestra la urgencia que existe dentro del Frente Sandinista por validar esta normativa con la que ha acusado a varios presos políticos.

Reglamento prohíbe propaganda con recursos estatales

El reglamento para las próximas elecciones municipales también  señala que queda prohibido el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política, retomando lo que establece la Ley Electoral, que también prohíbe el uso de los recursos del Estado para hacer propaganda política.

La Ley Electoral indica que “el o la que usare bienes del Estado con fines de propaganda política”, será sancionado con arresto inconmutable de 1 a 2 años.

En años anteriores y también en las pasadas elecciones presidenciales de 2021 en las que Daniel Ortega aseguró su cuarto mandato consecutivo, fue notorio el uso de los recursos estatales para hacer proselitismo político a favor del Frente Sandinista.

Según Urnas Abiertas, a partir de julio de 2022 se han llevado a cabo caravanas y caminatas de índole política y que han sido realizadas con recursos y bienes públicos, “incluso se obliga a los trabajadores estatales a ser parte de ellas”.

El organismo señala que el régimen de Daniel Ortega siempre hace uso de vehículos, combustible, personal, entre otros bienes del Estado en caminatas y actos alusivos al Frente Sandinista.