Dictadura acusa a la doctora Anely Pérez de un delito no revelado, después de “secuestrarla”

El régimen de Daniel Ortega formalizó la detención de la doctora Anely Dolores Pérez Molina, a quien acusó de “ofender” al Estado y la sociedad de Nicaragua por un delito que no precisó, según se lee en el sistema Nicarao del Poder Judicial.

La acusación fue presentada por el fiscal sandinista Jorge Irías Jarquín la tarde del viernes, 24 de marzo. La doctora fue “secuestrada” la noche del jueves por la Policía Nacional, que haciendo gala de un fuerte despliegue policial la sacó de su vivienda, ubicada en Managua, para trasladarla a un lugar no informado.

El caso fue asignado a la jueza Gloria Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, quien ha admitido varias acusaciones contra presos políticos, incluidas las de los sacerdotes encarcelados.

La defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez tildó de “injusticia y crimen” la acusación en contra de la doctora, y señaló al Poder Judicial, a la Policía Nacional y al Ministerio Público de ser “cómplices de este acto repudiable”.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) expresó en sus redes sociales que “la dictadura se muestra cada vez más débil si para sostenerse en el poder tiene que mantener rehenes”.

Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), a la cual pertenece la dermatóloga, condenó la detención calificándola de “ilegal, injusta y arbitraria”, y exigió su libertad inmediata.

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Al momento se desconoce dónde se encuentra la doctora. Fuentes extraoficiales indican que podría estar en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “La Modelo”, considerada una “cárcel de torturas”.

Pérez Molina fue secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), organización que se mantuvo activa durante la pandemia del COVID-19 en el país, cuando se reveló el mal manejo de la crisis sanitaria por parte de las autoridades nicaragüenses. La dictadura, incluso, llegó a advertir a los galenos independientes que podrían ser acusados de ciberdelitos si continuaban informando sobre los casos confirmados e incrementó el asedio policial en su contra, obligándolos a cerrar su sede en Managua.

El régimen de Ortega tiene al menos 36 presos políticos en varios penales del país.