El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) enviaron al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el informe ​“La falta de Información, Prevención y Atención Médica Sobre la Crisis de COVID-19 en Nicaragua”​.

El informe concluye que “​La respuesta del Estado de Nicaragua frente a la crisis de COVID-19, no cumple con los deberes estatales de respetar, proteger, y dar efectividad a ninguno de los elementos del derecho a la salud.

Solo para dar ejemplos, según el Observatorio, el Estado no toma medidas de prevención recomendadas por la OMS y la OPS; restringe las pruebas de COVID-19; no proporciona equipos de protección, se despiden a los médicos disidentes; se hacen entierros “exprés”; y no atienden a las necesidades de los grupos más vulnerables.

El Observatorio pide al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que brinde al gobierno de Nicaragua las siguientes recomendaciones:

Que reconozca públicamente la gravedad de la crisis de la COVID-19 y la necesidad de tomar medidas urgentes y pertinentes para enfrentarla en todas sus dimensiones.

Que atienda a las recomendaciones científicas de la OMS y la OPS en materia de prevención, información y tratamiento médico de la COVID-19.

Que permita la llegada de una misión de la OPS para realizar una evaluación de la pandemia en Nicaragua, y que reanude la cooperación con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.

Que proporcione información actualizada de los casos, los fallecidos, y las pruebas realizadas, a través de informes periódicos o diarios con datos desagregados por departamento y municipio, sexo, edad y pertenencia a grupos vulnerables.

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Que prohíba la práctica de “entierros exprés” o prácticas semejantes.

Que se abstenga de difundir discursos estigmatizantes, campañas de intimidación y actos de represalias hacia profesionales de la salud, periodistas y miembros de la sociedad civil que critican la respuesta del Estado frente a la crisis de COVID-19.

Que tome las medidas apropiadas para enfrentar la COVID-19 entre los profesionales de salud, las personas privadas de libertad, los Pueblos Indígenas, y otros grupos vulnerables.

Que asegure participación amplia de todos los sectores, incluso sociedad civil, sector privado, iglesias, ONGs y otros, en todas las etapas de la respuesta nacional a la pandemia de la CIVID-19 y en el pleno disfrute del derecho a la salud de todas las personas.

Que facilite la repatriación de los ciudadanos varados en otros países conforme con la recomendación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y les garantice un retorno seguro y pleno goce de sus derechos.

Que reintegren por medio de procedimientos rápidos y respetuosos del debido proceso a los profesionales despedidos por disentir de las políticas oficiales sobre COVID-19, o por revelar cifras reales.

Que tome medidas socioeconómicas urgentes para proteger a quienes sufran económicamente como resultado de la crisis de la COVID-19.