La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que las casas de estudio deberán informar al órgano rector sobre las entradas y salidas del país de sus directivos, personal educativo y administrativo, así como de los invitados extranjeros que reciban.
El CNU fundamenta esta directriz en el numeral 14 del artículo 58 de la Ley 89, de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, el cual indica que el CNU podrá solicitar información a las universidades información que considere necesaria para su mejor desempeño y el de la Educación Superior en el país.
El comunicado está firmado por el secretario técnico del CNU, Jaime López Lowery, y establece que las universidades deberán enviar la información con siete días de anticipación. Sin embargo, un nuevo comunicado con fecha del 9 de septiembre, indica que las universidades también deberán informar de las salidas de estudiantes y asesores extranjeros, aún y cuando estas salidas sean por turismo, visitas familiares, vacaciones y demás. El nuevo comunicado indica que la notificación deberá ser hecha con 30 días de anticipación.
Algunas personas en redes sociales han comparado esta acción del CNU como la que impusieron los sandinistas en los ochenta, durante la guerra civil, en la cual ningún joven estudiante y en edad apta para servir en la guerra, podía salir del país.
Al igual que los militares y funcionarios de alto nivel dentro del Estado, ahora son los académicos y estudiantes que se ven afectados por esta medida, la cual para algunos vulnera su derecho a la libre movilización hacia el exterior.
Sin libertad de movilización
Una abogada que prefiere omitir su nombre, indica que con esta comunicación del CNU, firmadas por López Lowery, se está coartando la libertad de movilización de manera inconstitucional porque el secretario técnico del CNU no tiene las facultades de restringir la salida o entrada al país de los académicos o estudiantes que deseen hacerlo.
La abogada también menciona que esta acción por parte del CNU también tiene que ver con la reforma que se hizo en marzo de este año a Ley 89, la cual le otorga al CNU la posibilidad de intervenir a las universidades.
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De acuerdo a la abogada, esta reforma terminó de liquidar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, por lo cual se trata de una acción inconstitucional. “Esta reforma pretende legalizar el control que ya se ejerce en las universidades y eliminar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra”, indica la abogada.
Por su parte, el académico Ernesto Medina considera que con esa reforma “quedó claro que el régimen estaba dando el último zarpazo a la autonomía universitaria, dándoles poderes al CNU para intervenir”.
Medina señala que la exigencia del CNU “coarta y limita derechos fundamentales de las personas a como es el derecho a la libre movilidad. ¿A cuenta de qué un estudiante tiene que rendirle cuentas a un funcionario de dónde va y porqué viaja?”.
El académico también lamenta que esta medida pueda entorpecer los esfuerzos de científicos, investigadores y avances tecnológicos, pues explica que lo que le da vida a este tipo de proyectos son los intercambios con otros grupos de otros países. “Lo peor es que quienes toman estas decisiones son unos completos ignorantes”, resalta.
“Los universitarios de Nicaragua tienen el deber de defender la autonomía universitaria, libertad de expresión, la libertad de movimiento. Esos son valores fundamentales en una universidad de verdad. Ahorita lo que tenemos son cuarteles en que los capos que vigilan a los presos, la única virtud que tienen, si se le puede llamar así, es servilismo al poder”, detalla Medina