Ortega destituye a su embajador en Panamá luego que Cortizo ofreciera nacionalidad a apátridas

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, destituyó a su embajador en Panamá, Marvin Roberto Ortega Rodríguez, días después que el Gobierno panameño ofreció la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses declarados apátridas.

Mediante el acuerdo presidencial número 21-2023, publicado este miércoles 15 de marzo en el diario oficial, La Gaceta, la dictadura dejó sin efecto el nombramiento de Marvin Ortega, quien fue designado en el cargo desde el 29 de septiembre de 2016.

A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense informó que la periodista Consuelo Sandoval Meza ocupará el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Panamá, según el acuerdo ministerial número 10- 2023.

Ambos cambios diplomáticos fueron firmados el nueve de marzo.

El movimiento ocurre luego que el Gobierno de Laurentino Cortizo emitió un comunicado en respaldo a los más de 300 ciudadanos nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad.

La Cancillería panameña señaló en un comunicado, emitido el 28 de febrero, “su preocupación por las acciones del Gobierno de Nicaragua en materia de derechos humanos” y, siendo Panamá parte de las Convenciones contra la Apatridia, afirmó que “considerará todas las solicitudes” que realicen los nicaragüenses afectados con esa decisión.

En febrero, el régimen de Nicaragua declaró apátridas a 222 excarcelados políticos, a quienes desterró hacia Estados Unidos. A la lista sumó otros 94 ciudadanos, entre ellos, políticos, escritores, periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos. La dictadura también despojó de su nacionalidad a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien envió a la cárcel conocida como “La Modelo”, en Managua.

Régimen de Ortega “huye hacia adelante”

El activista opositor Juan Diego Barberena manifestó que esto es “un reflejo de continuar huyendo hacia adelante y autoaislarse de la comunidad internacional para que no lo terminen de aislar más de lo que ya está”.

El integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) explicó que “el ejercicio de poder de forma criminal como lo ejerce la dictadura Ortega-Murillo” la lleva a no someterse a la normatividad legal ni a los instrumentos internacionales porque obviamente le limitan el ejercicio de su poder.

Daniel Ortega y Rosario Murillo prefieren aislarse “para que los Estados no se sientan en la legitimación de reclamarles por sus actos arbitrarios y sus violaciones a los derechos humanos”, indicó.

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Sin embargo, esta situación afecta las relaciones internacionales del Estado de Nicaragua.

Barberena señaló que el rompimiento de las relaciones diplomáticas refleja el “nulo interés” de la dictadura en las necesidades del pueblo nicaragüense porque muchos proyectos de cooperación dependen de algunos de los países con los que la dictadura Ortega- Murillo entra en confrontación diplomática.

“Entonces, digamos que es un reflejo del ejercicio de la dictadura en un campo donde la batalla la tiene perdida, en donde los actores que prevalecen son en pro de los derechos humanos, defensa de la democracia, institucionalidad, y el Estado de Derecho”.

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