Daniel Ortega se prepara para los comicios generales programados para noviembre de 2021, con propuestas de leyes y presiones fiscales a empresas dirigidas por opositores en el país.

En pleno año electoral el fin es generar miedo e incertidumbre entre los adversarios del mandatario sandinista que gobierna el país desde hace más de 13 años, según fuentes y expertos.

En menos de un mes, Ortega ha anunciado reformas a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua contra quienes “cometan crímenes de odio”.

El anuncio es visto como una clara advertencia a los opositores que fueron beneficiados con la amnistía tras las encarcelaciones por participar en las protestas de abril de 2018.

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“Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, fíjense bien, bueno ya se les dio la oportunidad de una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía”, dijo Ortega en cadena nacional.

Por otro lado, los diputados oficialistas han anunciado dos leyes, una que pretende controlar las donaciones a oenegés y fiscalizar a corresponsales internacionales, llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y otra llamada Ley Especial de Ciberdelito, que según detractores son “un bozal a quienes emitan comentarios críticos en las redes sociales”.

Con respecto a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, las consultas iniciaron esta semana para posteriormente pasar al plenario donde sería aprobada, pero únicamente con la participación de las instituciones públicas del Estado que son controladas por Ortega.

Sector privado amenazado

También el mandatario sandinista ha utilizado instituciones como la Dirección General de Ingresos (DGI) para presionar al sector privado que se le opone desde abril de 2018 cuando se interrumpió el llamado “modelo de diálogo y consenso”.

Hasta la fecha se contabilizan al menos 200 empresas que enfrentan lo que los empresarios han llamado “terrorismo fiscal”.

Medios televisivos como Canal 12, el confiscado Canal 100% Noticias, y empresarios opositores han denunciado persecución fiscal por parte del gobierno de Ortega.

Una de las afectadas es Victoria Cárdenas Lacayo, empresaria y esposa del director de la organización Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

El excanciller nicaragüense y analista político Francisco Aguirre Sacasa sostiene que “pareciera que el gobierno está pretendiendo apretarle las tuercas a la oposición, aunque ninguna de estas medidas tenga que ver con temas electorales propiamente”.

Sacasa cree que Ortega está montando un “juego de ajedrez político” en donde se prepara para tomar negociaciones. “Yo creo que él está motivado por las elecciones norteamericanas y al conocerse los resultados verá qué hará”.

También Ortega ha comenzado a realizar algunos cambios, de cara a las elecciones de 2021, por medio del Consejo Supremo Electoral que controla.

En julio pasado ordenó que se ampliara el plazo para que partidos obtengan la personalidad jurídica en un máximo de cincos meses antes del día en que se celebren las próximos comicios.