Voz de América

La capital peruana amaneció fuertemente resguardada, con miles de policías movilizados, los servicios de salud en alerta roja, con servicios públicos restringidos y llamados a los empleadores para que prioricen el trabajo remoto y flexibilicen el ingreso a los centros laborales, ante un paro general convocado por diversos gremios y sindicatos para esta jornada que podría ser decisiva para el gobierno de Dina Boluarte.

En los últimos días las redes sociales y medios de comunicación locales difundieron imágenes mostrando a decenas de personas en el sur peruano embarcándose en buses, combis y camionetas en medio de la expectativa de los que se quedaban, que les alcanzaban agua y alimentos para su viaje de varias horas e incluso días rumbo a Lima.

Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte, a quien consideran responsable de las muertes, piden la realización inmediata de elecciones generales, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y hasta la liberación y reposición de Castillo.

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El ministro del Interior, Vicente Romero, con casi una semana en el cargo que vela por la seguridad interna del país, pidió a los manifestantes que las protestas sean pacíficas. “No queremos más muertos, no queremos más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor”, dijo a periodistas.

El gobierno declaró el fin de semana Estado de Emergencia, “para recuperar el orden”, en las regiones de Lima, Puno y Cusco, y en algunas localidades consideradas de alto riesgo como el Callao, Andahuaylas, Tambopata, entre otros, lo que implica que quedan interrumpidas las libertades de reunión, tránsito, y las fuerzas del orden están facultadas para intervenir algún domicilio o lugar si así lo requiere.

El gobierno ha asegurado que detrás de las protestas hay intereses oscuros y financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal que buscan desestabilizar al país.