Piñata sandinista: el mal que se repite en Nicaragua

A partir de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ilegalizado a más de 3,000 organizaciones no gubernamentales, las ha despojado de sus bienes inmuebles y las ha traspasado a instituciones del Estado.

También lo ha hecho con medios de comunicación y ahora con personas particulares después de que la Asamblea Nacional reformara el artículo 20 de la Constitución Política y en el cual ahora se establece que todo nicaragüenses que sea declarado por el régimen como “traidor a la patria”, se le despojará de su nacionalidad, pero también de sus bienes, los cuales pasarán a ser propiedad del Estado.

Daniel Ortega ya ha declarado, sin juicio, como “traidores a la patria” a 94 nicaragüenses a quienes también los ha despojado de su nacionalidad y de los bienes que tengan en el país, lo cual para muchos es un claro acto de confiscación con el cual se está dando inicio a una nueva edición de La Piñata de los años ochenta.

El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua dice expresamente que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

El mismo artículo indica que los bienes inmuebles solamente pueden ser expropiados “por causa de utilidad pública o de interés social”, además, debe haber un “previo pago en efectivo de justa indemnización”.

La Piñata de los ochenta fue una acción ejecutada por los sandinistas que les permitió confiscar propiedades de la familia Somoza Debayle y sus allegados, para luego traspasarlas a ellos mismos.

Entre las propiedades se encontraban mansiones de lujo, vehículos, empresas, fincas, haciendas, lotes de tierra y muchas más, de las cuales se beneficiaron los sandinistas y que, en esta nueva etapa con Daniel Ortega, podrían volver a hacer lo mismo, mientras los nicaragüenses pagamos por ello.

Decretos y leyes

La Piñata de los años ochenta se armó con varios decretos y leyes aprobadas desde el primer día en que los sandinistas asumieron el poder.

El 20 de julio de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional integrada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Moisés Hassán, Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro aprobó el decreto número 3, que facultaba al Procurador General de Justicia para que de manera inmediata “proceda a la intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977”.

Luego, el 8 de agosto de 1979, la Junta de Gobierno aprobó el decreto número 38 con el cual se podían “congelar o intervenir preventivamente cualquier transacción, bien o empresa, de personas allegadas al somocismo, de quienes se haya recibido denuncia”.

Te puede interesar:

Un año más tarde, el 19 de julio de 1981, sería aprobado el decreto 760, el cual es conocido como “ley de los ausentes”, porque indicaba que todos los bienes que pertenecieran a una persona que no se encontrara en el país, o que haya salido por más de seis meses, pasarían a ser propiedad del Estado.

Un cuarto decreto sería aprobado el 21 de agosto de 1981, que sería la Ley de Reforma Agraria, con la cual se le asignaron varias tierras, empresas y fincas a campesinos afines a los sandinistas.

Estos decretos también permitieron que varias propiedades fueran “asignadas” entre los nueve comandantes de la Revolución Sandinista, además de varios funcionarios que una vez que salieron del poder se quedaron con estos bienes.

Cuando los sandinistas perdieron las elecciones en febrero de 1990, rápidamente se dieron cuenta que la mayoría de propiedades que tenían, no habían sido cambiadas de nombre, de manera que idearon un combo de leyes para quedarse con ellas después de entregar el poder.

Entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990, la Asamblea Nacional controlada por los sandinistas aprobó las leyes 85, 86 y 88, las cuales les permitieron quedarse con todos los bienes que tenían hasta esa fecha y en algunos casos, pagar cantidades irrisorias por ellos.

Los más beneficiados

Los más beneficiados con La Piñata fueron los comandantes de la Revolución Sandinista Daniel Ortega, Humberto Ortega, Tomás Borge, Bayardo Arce y Jaime Wheelock.

Daniel Ortega compró a precios irrisorios su casa en reparto El Carmen, la cual pertenecía a Jaime Morales Carazo, quien después de reclamarla durante más de 20 años, en 2007 se convirtió en su vicepresidente y dijo en aquel entonces que él y Ortega habían llegado “a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado”.

Humberto Ortega, el hermano del dictador, es ahora un empresario que tiene acciones en diferentes entidades. Su vida empresarial se divide entre Costa Rica y Nicaragua, y según relató Moisés Hassan a la revista Magazine en 2021, Humberto Ortega es el más rico de todos.

Lee también:

Además, Humberto Ortega también se benefició de una venta de helicópteros militares a Perú, del cual, investigaciones periodísticas revelaron que él inflaba el costo de los aparatos y luego se repartía las ganancias con otra persona involucrada en la venta.

Por su parte, Bayardo Arce es propietario de una mansión ubicada en una zona exclusiva de Managua y al igual que Daniel Ortega, tiene una casa en reparto El Carmen, la cual utiliza como oficina.

En el caso de Jaime Wheelock, exministro de Agricultura en los años ochenta, el exvicepresidente de Nicaragua, Virgilio Godoy, relató al diario El País, de España, que era propietario de la hacienda San Martín, la cual le pertenecía a Cornelio Hüeck.

De igual manera, Tomás Borge se hizo de varias propiedades de alto valor y años más tarde se supo que ocupó el nombre de Luz Danelia Talavera Valenzuela para comprar varios terrenos que luego fueron vendidos en casi 700,000 dólares y en donde se construyó un centro comercial.

Estimaciones hechas años después en investigaciones periodísticas, revelaron que con las leyes 85, 86 y 88, se legalizaron unas 20,000 propiedades que fueron entregadas a familias sandinistas y también unos 125,000 lotes de tierras fueron repartidos a personas particulares.

Los antiguos dueños de todas estas propiedades quisieron recuperarlas una vez que los sandinistas dejaron el poder, pero no pudieron. En cambio, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro se vio obligado a pagar una indemnización a todos los afectados. Según estimaciones, la deuda que adquirió el Estado por la Piñata fue de unos 2,200 millones de dólares, y hasta la fecha, los nicaragüenses continuamos pagando.

Con las nuevas confiscaciones que está haciendo el régimen de Daniel Ortega a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y personas particulares, los nicaragüenses nos veremos obligados a pagar una segunda Piñata en caso de que la dictadura traspase estas propiedades o que decida no regresarlas a sus legítimos dueños.

Además, todos los afectados en un futuro tendrán el derecho a reclamar sus bienes y una indemnización al Estado de Nicaragua, la cual recaerá nuevamente sobre todos los nicaragüenses.