Dictadura amenaza a los grandes empresarios del país

William Grigsby, directamente acusó a   Carlos Pellas, del Grupo Pellas y  Ramiro Ortiz Mayorga, del Grupo Promérica-Banco de la Producción (Banpro), de financiar el supuesto  golpe  en contra del régimen,  en abril de 2018

8:38am

26 mayo, 2023
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William Grigsby, vocero  a sueldo     de la dictadura Ortega- Murillo, adelantó  en su programa “Sin Frontera”, que se transmite en la oficialista radio la “Primerísima” que el régimen podría estar preparando  para las próximas semanas una ola represiva, que podría incluir confiscaciones, cárcel o destierro a grandes empresarios del país.

Grigsby, directamente acusó a   Carlos Pellas, del Grupo Pellas y  Ramiro Ortiz Mayorga, del Grupo Promérica-Banco de la Producción (Banpro), de financiar el supuesto  golpe  en contra del régimen,  en abril de 2018.

También,  arremetió contra  los empresarios Ernesto Fernández Holman y Piero Coen, a quienes tildó de  lavadores de dinero   ilícito,  a través de   la    Western Union.

Por su parte líderes opositores que optaron por el anonimato dijeron que  las intimidaciones del  propagandista  orteguista  representa un aviso a los grandes empresarios que van   contra ellos, incluso hasta con aquellos que cohabitaron con la dictadura desde antes de las protestas sociales de abril.

Puntualizaron, que se acrecentará el   terrorismo fiscal,  expropiación y la persecución contra pequeños, medianos y grandes empresarios.

Igualmente, el periodista oficialista dijo que  Pellas y Ortiz,   financiaron   al organismo Diálogo  Interamericano, para la  presunta  compra de armas que fueron proporcionadas a los manifestantes   durante las  protestas  y a la vez imputó a Manuel Orozco integrante del organismo, y desterrado político del régimen  de ser presuntamente miembro de la CIA.

Sin embargo, Grigsby olvidó decir que el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (ONU), responsabilizó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber cometido delitos de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que  dijo que en Nicaragua no hubo golpe de Estado, sino un genocidio contra los manifestantes cívicos, que alzaron su voz contra dictadura.

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