Yader Morazán es abogado y trabajó 8 años y tres meses en el Poder Judicial de donde salió después del estallido social de 2018, en plena crisis de Derechos Humanos en Nicaragua.

Desde su exilio denuncia con lenguaje criollo situaciones jurídicas para una mayor comprensión de la población y se resume así mismo como defensor de Derechos Humanos.

Morazán, es un punto de referencia para periodistas que cubren la situación de Nicaragua, porque publica primicias de lo que ocurre dentro de esas instancias. Él, cree que el Poder Judicial es un espacio de resistencia y lucha.

Informas noticias importantes de orden judicial en Twitter ¿Tienes acceso a información interna?

Hay trabajadores que se han comunicado conmigo y que de alguna manera se identifican con mi situación que laboré para el poder judicial y más allá del linchamiento que pueden a veces encontrar en otros espacios creen que pueden escuchar de mi parte un apoyo y también protección como fuente, como dicen ellos esta Nicaragua es de todos, me he convertido como una especie de voz de muchos trabajadores dentro del poder judicial.

El Poder Judicial es totalmente fiel o hay descontento interno?

La represión que vemos en las calles también la vemos en trabajadores del estado, por ejemplo, hoy es sábado y los trabajadores no pueden gozar de los fines de semana para ir a disfrutar con sus familias, sino que los llevan casa a casa y a rotondear, incluso actividades que denigran a los trabajadores…La deserción que hay es a todos los niveles lo que pasan que muchos no hablan, se van en el anonimato.

¿Qué exactamente te llevó al exilio y como has sobrevivido?

Tras los hechos de abril me manifesté abiertamente y posteamos en redes sociales nuestra posición con respecto a las acciones criminales en contra de la población desarmada y eso provocó todo tipo de presiones internas.  En mi caso planearon un atentado que iniciaba con mi traslado forzado a una zona rural bajo la dependencia de un paramilitar que había sido nombrado juez y pues que había dicho en una reunión interna de su partido que quería mi cabeza.

Hoy trabajo dignamente para una compañía de TOYOTA. En mis tiempos libres hago activismo de Derechos Humanos y hago investigaciones jurídicas que denuncian precisamente esa falta de coherencia del régimen criminal y todas las arbitrariedades judiciales que se cometen.

¿Cuál es tu análisis de la represión ejercida por el estado desde el Poder Judicial?

Identifiqué 4 fases con esto de la persecución a la iglesia. La primera fase con los primeros presos políticos acusado de terrorismo y una especie de obstrucción al trabajo del estado. En ese momento los exhibían y eran puestos a la orden del juez y un abogado podía preguntar por el expediente.  

La otra fase se dio en el primer trimestre del 2019 cuando acusaron por delitos comunes en los departamentos. Utilizaban a los CPC o estructuras de barrio, en ese período surgió lo de los aguadores. Primero acusaron a las personas de tranquistas y después empiezan a acusar a líderes territoriales o cuadros intermedios.

La creación de leyes como la cadena perpetua revisable, la ley de ciberdelito, la legalización del secuestro por 90 días, las citaciones a la fiscalía como un ente de amenazas y luego las detenciones, esta es una tercera fase.

Y en la cuarta fase tocaron el último eslabón que es la Iglesia a quienes no les permiten abogado defensor de su confianza y les celebran audiencias cerradas.

¿Qué derechos se le han violentado a los religiosos en Nicaragua?

Hay una serie de aberraciones jurídicas en contra de los sacerdotes. No permitirles un abogado defensor es la principal. Si hasta criminales como los falsos televisa, Furia y Toro, Fariñas, tuvieron derecho a la defensa.

Otra cosa que podemos resaltar es que son sustraídos de su juez natural, lo llevan donde los jueces que ellos quieren, sin derecho a alimentación y sin medicinas, eso no se había visto. Eso en nuestra legislación es un secuestro.

¿Qué representa para vos el poder judicial de Nicaragua?

Para mi representa un espacio de resistencia y lucha. Desde que yo entré al poder judicial en 2010 yo tenía claro que el estado no es de Ortega y los nicaragüenses y las personas que estamos abocados a la justicia no debemos ceder espacios en ese terreno.

Yo fui nombrado para servirle al pueblo, mis atribuciones y responsabilidades están en la ley y son precisamente de cara al pueblo, quien paga los impuestos para pagar mi salario es el pueblo y quien recibe ese beneficio de ese servicio es el pueblo.