Por Arnoldo Toruño | médico catedrático jubilado de la UNAN León

Desde hace años, el Reglamento de Jubilación de la Institución, incorporado como parte del convenio colectivo con los trabajadores docentes y administrativos, ha contemplado que la Universidad provea a los jubilados un complemento a la pensión que otorga el INSS. Este complemento es mayor, cuantos más años se haya trabajado para la institución.

Cuando se han trabajado 25 años o más, el complemento, sumado a la pensión del INSS, representa el 100 por ciento de lo que era el salario al momento de la jubilación. Sucede que este mes, a algunos jubilados les suspendieron el complemento, mientras a muchos otros nos lo redujeron sensiblemente, generalmente entre 40 y 70 por ciento.

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En un contexto en que los precios de las cosas suben, para la gran mayoría de los jubilados esto es un golpe para la economía familiar.  En el presupuesto ya se cuenta con el complemento, incluso para adquirir deudas.

Algunos que hasta el mes pasado tenían serias dificultades para cubrir sus necesidades, ¿cómo harán ahora que se lo reducen o se lo quitan? Un problema es que la institución no ha brindado información suficiente y oportuna.

Independientemente de la validez o no de las razones para los recortes, es un hecho que los jubilados merecíamos haber recibido un aviso institucional con suficiente anticipación, de por lo menos un mes, para hacer ajustes en el presupuesto.

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No pocos jubilados se enteraron del recorte hasta el momento de tratar de retirar fondos del cajero.

También es necesario que recibamos información oficial escrita sobre las consideraciones de orden legal para cualquier alteración en el complemento, así como las bases y procedimiento de cálculo de la nueva asignación, para cada quien en particular.

Solo así, con el auxilio de juristas, podremos nosotros valorar si la actuación de la Universidad es o no apegada a la legislación nicaragüense.

Algunas pistas se encuentran en un escueto informe de la directiva de la Asociación de Jubilados (a la que no todos pertenecemos), conocido poco antes de la fecha de entrega del complemento.

Dicen allí que dos artículos del reglamento anterior (6 y 9) estaban siendo mal aplicados, y que eso da pie a que se le suspenda el complemento a 72 jubilados, y a otros, a que se les reduzca.

También allí nos enteramos que el Consejo Universitario aprobó en noviembre de 2019 un nuevo Reglamento de Jubilación, que sustituye el “complemento” por un “aporte monetario”, que implica montos menores, limita el tiempo en que los jubilados lo reciben, requiere de más años de trabajo en la UNAN, y señala que los montos pueden ser cambiados anualmente, en dependencia de la situación económica de la Universidad.

El nuevo Reglamento deroga al anterior. Entonces, si hay casos en que la modificación del complemento se basa en disposiciones del nuevo reglamento, la UNAN tendrá que demostrar que tal actuación no contradice al artículo 38 de la Constitución, que reza que la ley no tiene efectos retroactivos.

Afecta también la transparencia sobre este asunto el hecho de que la anterior rectora, por razones desconocidas, no trató de aplicar el nuevo Reglamento inmediatamente después de su aprobación, en noviembre de 2019. De hecho, pudo así haber incurrido en incumplimiento de deberes, pues la primera función del cargo es cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos.

Aquí no se han analizado los reglamentos de jubilación en sí. Es importante en un futuro hacerlo, para sacar lecciones para la Universidad y para el sindicalismo universitario. Lo que vemos es que diez y seis años atrás, sindicalistas lucharon fuerte para lograr que se aprobara dicho complemento y que, en 2019, nuevos sindicalistas han dado su aprobación a un Reglamento nuevo, que ofrece una reducción de beneficios para trabajadores en vías de jubilarse.

Como jubilado, solo pido información precisa y por escrito, y que la transición al nuevo Reglamento se haga en estricto apego lo que está consignado como el primer principio institucional: la legalidad.